martes, 1 de mayo de 2012

El arte de crecer en lo imposible.



“El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura,
para que se conviertan en basura (…) Mucha magia y
mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños”
(Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Eduardo Galeano,
 Montevideo, Ediciones del Chanchito, 1999)

Lejos de intentar agotar la discusión en dilemas atemorizantes como han hecho los medios de comunicación y algunos que son votados para representarnos, en este breve artículo pretendemos realizar un aporte a la discusión que se viene gestando hace largo tiempo desde una mirada diferente. Se trata de mirar el hecho intentando no divorciarse de su génesis, para no caer en la falacia de que las cosas ocurren porque si. Esto permite en definitiva denunciar lo que ocurre, explicarlo con sus causas y generar alternativas. Nos referimos a un asunto que cobra gran vigencia actual, ya que está sobre la mesa política de muestro país, como es el intento de bajar los años de imputabilidad de los menores infractores.
Debemos considerar de antemano que se trata de un concepto vinculado directamente con lo psicológico por la culpa de quien comete o lleva adelante el acto del crimen y a lo político y social, ya que se deben analizar las causas que generan que un sujeto determinado cometa un crimen. Esta última reseña involucra a la sociedad en su conjunto, a las decisiones que se toman y las condiciones que se generan para que los menores lleguen a cometer delitos. Pero también implica ver el tema más allá del mismo acto delictivo.
Dos temas aparecen fuertemente explicitados en relación al mismo: seguridad ciudadana y educación. La seguridad ha sido la excusa perfecta para poner el tema de los menores en el orden del día. Se sataniza a los menores pobres y drogadictos, para exonerar de la responsabilidad a la sociedad y los actores que toman decisiones que condenan  a los mismos. Generar miedo es una práctica antigua que se ejerce con impunidad para sacar ventaja política recogiendo votos. La educación construye el entramado social pero sabido es que hoy en día no solo no alcanza con asistir y alimentarse, sino que ya no se puede considerar a la misma como una panacea que soluciona sola la fragmentación social. Se necesitan un conjunto de acciones que apoyen y brinden recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de los más necesitados, los incluyan, eduquen y les permita convivir socialmente.
Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de escuchar que crecer es una de las etapas más importantes que tiene vivir porque allí se define nuestra estructura psíquica y emocional y por un montón de razones más sin duda, pero también pudimos comprender que no todos tienen la posibilidad de crecer y disfrutar de ello desarrollando plenamente su estructura bio-psico-social.  
Partimos de la idea de que sujetos que crecen en la imposibilidad de desarrollarse plenamente, socializarse y tener conciencia,  lo hacen en medio de resentimiento social e inmersos en los deseos de dañar todo lo que encuentran, intentando desahogar su rabia por las injusticias que se cometieron y comenten contra ellos. A esto debemos sumarle, que el intento de escapar de su situación de opresión y de la misma realidad como tal, implica en muchos casos sumergirse en el mundo peligroso de las drogas. Esto genera conductas violentas tanto contra si mismo como hacía los demás, denotando un desprecio profundo de la vida misma.
Consideramos primordial en primer lugar, rechazar los análisis simplistas sin argumentos, que se detienen a responsabilizar a los menores, como si fueran una patología que corregir en la sociedad, sin que se consideren las fuerzas que se ejercen sobre los mismos y que condicionan el momento de tomar decisiones. En segundo lugar, entendemos que sujetos que crecen en la imposibilidad de desarrollarse como individuos producto de las condiciones que se imponen sobre ellos y que los someten a una vida donde intentan como cualquier ser sobrevivir, son las víctimas principales de vivir en condiciones miserables.
Es un tema que no puede analizarse sin tener en cuenta dos grandes y complejos temas: las decisiones políticas que definen en gran medida cómo viven y la suerte de los sujetos, así como la educación y los programas de prevención que se pueden aplicar para que esto no ocurra.  Estos dos conceptos generan oportunidades, tanto para subsistir en la sociedad a nivel personal y laboral como para tomar conciencia de los actos que se cometen. Dos condiciones claves a la hora de decidir el futuro que elegimos, son la responsabilidad y cordura psíquica que se desarrolla en el crecimiento de los niños y jóvenes.
Estamos frente a una disyuntiva planteada en la sociedad, sobre castigar o proteger a quienes son condenados a este tipo de vida, entre elegir actos y decisiones de prevención o de opresión, en definitiva, entre generar igualdad o aumentar la brecha de desigualdad. Se presenta sabiendo que se trata de sujetos que no han podido cumplir objetivos de socialización y de conciencia sobre sus actos. De sujetos excluidos que han sido dejados al margen de la sociedad y que por lo tanto tienen alterada su percepción de la realidad. Lo social se mete en la psiquis de cada uno y nos condiciona generando patrones de conducta que no podemos discriminar y vemos como normales. Con esto nos referimos a todos los sujetos. ¿O acaso son estos muchachos los que manejan ebrios o a grandes velocidades y cometen un crimen? ¿No ocurren en todos los estratos sociales la discriminación y las golpizas tan o más violentas que un robo?
La posibilidad de que cometan un crimen los menores de edad no los exime de la responsabilidad del acto, sino que existen controles y oportunidades para intentar lograr que no los cometan más. Quizás lo que debamos preguntarnos y apuntar a solucionar como sociedad, no sea provocar que cuanto antes se los penalice sino analizar los mecanismos de prevención, las condiciones que se les ofrece para reinsertarse y modificar sus conductas.
Un estudio de UNICEF sostiene que solo el 10% de los delitos son cometidos en Uruguay por menores de edad, lo cual manifiesta una absurda modificación del discurso llevado adelante frente a los medios de comunicación, sin tener pruebas de los que sostienen, acerca de que más del 50% de los crímenes los cometen menores. Asimismo UNICEF, se manifestó contraria a la baja de la edad de imputabilidad, aludiendo a las consideraciones internacionales y los perjuicios que ofrece la decisión. Dicho organismo indicó que "cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional".
UNICEF recuerda que "el 28 de setiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas en la Convención se apliquen en el país". Además afirma que "en materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención, en sus artículos 1, 37 y 40, establece claramente que ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto", y que se decreta "una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de responsabilidad penal".
Por otro lado, dicho organismo considera fundamental que se avance en la mejora de las condiciones que sufren los menores privados de libertad, con personal adecuado para enfrentar las situaciones, controles que no permitan las permanentes fugas y programas e inversiones adecuadas a las urgencias que se presentan. Claramente se apunta a generar instituciones que funcionen correctamente, para rehabilitar a los sujetos, y no de castigos que violan las disposiciones que amparan los derechos de los menores de edad.
Para conseguir esto, ya fue acordada la creación de un instituto de rehabilitación de menores infractores al cumplir la mayoría de edad, para conseguir su adecuada reinserción social, que no depende del INAU.
Un dato más que permite quitarle rigor y vigencia a las palabras absurdas, es que la Corte de Justicia, confirmó hace poco tiempo en sus estudios, que solo el 5,9% de los delitos cometidos en Uruguay, pertenecen a las acciones de menores y tan solo el 2% se producen contra personas.
Creemos en la búsqueda de alternativas que protejan a la sociedad, pero sin olvidar que los menores de edad que han sido condenados a sufrir condiciones inhumanas de vida, son parte de la misma. La discusión se ha tornado incomprensible y fuera de lugar ya que no tiene sustento, más allá de que los discursos que se escuchan en los medios y en el ámbito político enrolados en la idea de bajar la edad de imputabilidad, provienen de la derecha. Eso es lo único que permite entender lo absurdo de las palabras.
Así entendemos, que necesitamos un conjunto de políticas sociales y económicas que definan y colaboren con un proyecto educativo, centrado fuertemente en  lo pedagógico, que pueda tejer y resignificar los vínculos y conductas que hagan de nuestro país un lugar mejor para vivir.  Por otro lado, sería interesante comenzar a pensar estrategias para que no se llegue al momento de corregir, sino que apunten a una manera justa de crecer en un plano de igualdad. Tal vez podríamos comenzar estos días por no confundirnos perdiéndonos en discursos que discriminan y naturalizan los hechos, generando aparentes soluciones que rondan en el sentido mágico provenientes de personas sentadas en lugares cómodos, y desde los cuales los ejemplos precisamente no están vinculados a la honestidad. El mayor crimen es cometido por la economía mundial organizada que tiene funcionarios también en países como el nuestro, y que somete a los más débiles a  condiciones inhumanas de existencia.
 En definitiva, no nos referimos a rescatar, sino a preguntarnos si en nuestro país se crece en libertad, si la violencia es condición de edad, situación social y económica, género, etc; si no necesitamos revisar nuestra realidad y formar y generar condiciones en las cuales todos nuestros jóvenes puedan crecer en la posibilidad.

Mtro. Sebastián Valdez.